El Consejo israelí de Ministros aprobó una polémica ley contra las organizaciones no gubernamentales identificadas con la izquierda pacifista que, de ser aprobada por el Parlamento, quedarán sometidas a una exhaustiva revisión de sus donaciones extranjeras, entre ellas las europeas.

La draconiana propuesta fue aprobada de forma unánime por los miembros del Consejo de Ministros, informa la edición por internet del diario Yediot Aharonot, y a pesar de las quejas de las ONG locales.

Propuesta por la titular de Justicia, Ayelet Shaked, del partido nacionalista religioso Hogar Judío, el proyecto de ley establece un riguroso control de sus finanzas y exige que señalen en todo momento el origen de sus donaciones.

Entre otras medidas exigirá que cualquiera de ellas que reciba más del 50 % de su presupuesto de uno o más gobiernos extranjeros deban declararlo abiertamente y en todo momento en sus informes públicos, así como en cualquier exposición, declaración o petición ante cualquier organismo o funcionario israelí.

Igualmente deberán mencionar explícitamente el origen de sus fondos y la identidad del gobierno extranjero que los patrocina, en lo que ha sido considerado una medida "discriminatoria" porque atenta especialmente contra la izquierda pacifista.

"Es un crimen de odio contra la democracia", la califica la organización israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora), que recuerda que las nuevas disposiciones eximirán de forma deliberada a las ONG de la derecha nacionalista.

Ello será posible gracias a que el proyecto no contempla la necesidad de informar públicamente de donaciones que provengan de personas privadas, como ocurre en la mayoría de los casos con los grupos nacionalistas y pro-colonizadores.

Generalmente, las ONG nacionalistas reciben apoyo financiero de empresarios judíos estadounidenses, mientras que las de la izquierda pacifista cuentan con el de gobiernos europeos.

El proyecto de Ley, que ha sido censurado en medios locales por portavoces anónimos de la Unión Europea ("Israel debe tener cuidado y poner limitaciones al carácter democrático de su sociedad"), también exigirá que los activistas de estas ONG lleven una identificación cada vez que entren en el Parlamento o Kneset.

EFE